La Constitución de Estados Unidos contiene las leyes fundamentales de la nación. Establece la forma del gobierno nacional y define los derechos y libertades del pueblo estadounidense. Expone también los objetivos del gobierno nacional y los métodos para alcanzarlos. Antes de ella, los dirigentes de la nación habían concertado una alianza entre los estados bajo los Artículos de la Confederación. Sin embargo, el Congreso creado por los Artículos carecía de autoridad para hacer que los estados trabajaran en forma conjunta en la resolución de los problemas nacionales.

Después de obtener la independencia en la Guerra Revolucionaria (1775-1783), los estados se enfrentaron a todos los problemas de un gobierno en tiempos de paz. Los estados tuvieron que imponer la ley y el orden, recaudar impuestos, pagar una cuantiosa deuda pública y regular el comercio entre ellos mismos. También tuvieron que lidiar con las tribus indígenas y negociar con otros gobiernos. Destacados estadistas, como George Washington y Alexander Hamilton, empezaron a hablar de la necesidad de crear un gobierno nacional fuerte bajo una nueva constitución.

Un llamado posterior a la unidad se aprecia en esta ilustración de julio de 1776 en la que se ven 13 manos como símbolo de la declaración de independencia de las colonias de Gran Bretaña. 

Hamilton ayudó a la realización de una convención constitucional que se reunió en Filadelfia, Pennsylvania, en 1787, para revisar los Artículos de la Confederación. Sin embargo, la mayoría de los delegados de la convención decidieron que, en lugar de eso, era preferible redactar un nuevo plan de gobierno: la Constitución de los Estados Unidos. La Constitución no instituyó una simple liga de estados, sino un gobierno que ejerció su autoridad en forma directa sobre todos los ciudadanos. La Constitución define las facultades que se delegan en el gobierno nacional. Además, protege las facultades reservadas a los estados y los derechos de todos los individuos.

Este dibujo de Benjamin Franklin, que data de 1754 y muestra una serpiente cercenada, es un llamado a la unidad de las colonias que, con los británicos, se enfrentaban a Francia en la Guerra Francesa e Indígena.

La Constitución se compone de un preámbulo, siete artículos y 27 enmiendas. En ella se establece un sistema federal por medio de la división de poderes entre el gobierno nacional y los gobiernos estatales. Se instituye también un gobierno nacional equilibrado, separando los poderes entre tres ramas independientes: la ejecutiva, la legislativa y la judicial. La rama ejecutiva, el Presidente, hace que las leyes nacionales sean cumplidas; la rama legislativa, el Congreso, elabora las leyes nacionales; y la rama judicial, la Corte Suprema y otros tribunales federales, aplica e interpreta las leyes cuando resuelve en materia de disputas legales en los tribunales federales.

Entre los poderes federales citados en la Constitución figura el derecho de recaudar impuestos, declarar la guerra y regular el comercio interestatal y exterior. Además de estos poderes delegados o expresos (los que se mencionan en la Constitución), el gobierno nacional tiene poderes implícitos (aquellos que los poderes delegados implican en forma razonable). Los poderes implícitos permiten que el gobierno responda a las cambiantes necesidades de la nación. Por ejemplo, el Congreso no tenía poderes delegados en forma específica para imprimir papel moneda. Sin embargo, ese poder está implícito en las facultades delegadas en él para pedir préstamos y acuñar moneda.

En algunos casos, el gobierno nacional y los estatales tienen poderes concurrentes, es decir, que los dos niveles de gobierno los pueden ejercer. Las leyes del gobierno nacional tienen la primacía en caso de conflicto. Los poderes que la Constitución no confiere al gobierno nacional ni les niega a los estados, los poderes reservados, pertenecen al pueblo o a los estados. Entre los poderes de los estados figura el derecho de legislar en materia de divorcios, matrimonios y escuelas públicas. Los poderes reservados para el pueblo incluyen el derecho de tener propiedades y de ser juzgados por un jurado.

La Corte Suprema tiene la autoridad definitiva para interpretar la Constitución. Ella puede anular cualquier ley —federal, estatal o local— que los jueces, por mayoría, consideren que está en conflicto con cualquier postulado de la Constitución.